Eduardo López Bravo, profesional Departamento de Ciudadanía, Ministerio del Medio Ambiente
La transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana, se han posicionado como valores para los Estados actuales, ocupando un lugar privilegiado en la agenda nacional e internacional. El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que nace de la libertad de expresión; específicamente, de la facultad de buscar y recibir información de carácter público. A pesar de que nuestra Constitución Política de la República no lo contempla expresamente como un derecho fundamental, tanto la doctrina nacional como el Tribunal Constitucional (TC) han entendido de que se trata.
Más allá de las consideraciones sobre las disposiciones legales asociadas al principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, el derecho de acceso a la información pública tiene una dimensión política y social fundamental: la revalorización y profundización de lanpia democracia, la lucha contra la corrupción y la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Visto de este modo, corresponde a los órganos y servicios de la administración central del Estado (ministerios, subsecretarías, servicios públicos, corporaciones y fundaciones generadas por la administración como aquéllas de la Presidencia de la República) promover y contruir una “cultura de la transparencia” que avance en hacia una conciencia colectiva de que la información generada por el Estado nos pertenece a todas y todos.
La comunidad internacional reconoce a Chile como uno de los países latinoamericanos pioneros en materia de transparencia, que bajo la Ley Nº 20.285 cuenta en el año 2019 con su primer decenio de vigencia. De acuerdo con los resultados del Índice Global del Derecho a la Información (RTI Rating)[1], que evalúa comparativamente la calidad de los marcos legales del derecho a la información, realizado por el Law and Democracy Center (2018) en el ranking mundial que aglutina a 123 países, Chile se ubica en el puesto 50. Conforme a los resultados revelados por el RTI Rating, Chile salió airoso frente al 33,33% de países reprobados en temas de transparencia y, acceso a la información pública.
Existe consenso en que los órganos y servicios de la administración central del Estado son muchas veces “la puerta de entrada” a la que recurren los ciudadanos para resolver problemas y ejercer derechos. En el transcurso del presente año 2020, la información que mayoritariamente se ha solicitado al Ministerio del Medio Ambiente se refiere a reciclaje y Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) con un 37% de consultas. Otros temas de interés ciudadano son las consultas sobre los Planes de Descontaminación Atmosférica a nivel nacional, con un 16% de solicitudes; la protección de la biodiversidad de los patrimonios naturales de Chile, con un 10% de las consultas y la problemática asociadas al cambio climático con un 7,8%.
Luego de las movilizaciones de octubre pasado, distintos estudios y debates públicos han coincidido en señalar que existe un hilo común en la ciudadanía frente a los órganos y servicios de la administración; y se trata de la desconfianza. Desconfianza hacia el Estado, sus instituciones, los políticos, empresarios, académicos. Esta desconfianza cruza transversalmente a cualquier grupo que ostenta algún privilegio y nosostros, desde el servicio público, no estamos ajenos a este examen ciudadano. Ciertamente se trata de un tema que divide y genera un profundo impacto en nuestra convivencia democrática.
¿Cómo, entonces, contribuir a disminuir la desconfianza ciudadana con el Estado y su institucionalidad?. Las respuesta son variadas y los caminos de solución son diversos. Sin embargo, desde nuestro ámbito de acción podemos sugerir una primera aproximación. Los órganos y servicios de la administración pública pueden (y deben) transformarse en un eje fundamental para el correcto desarrollo de las políticas de transparencia y la participación ciudadana. Se requiere para aquello un andamiaje institucional con recursos humanos y técnicos capacitados y, quizás más importante, con la sensibilidad suficiente para empatizar con las demandas por información y el ejercicio de los derechos de la población.
Dicho de otra manera, y quizás de forma más directa, una experiencia exitosa entre un ciudadano que se acerca al Estado solicitando información y un funcionario que sabe cómo dar pronta respuesta a esa solicitud, es un espacio privilegiado para mejorar la cercanía de las personas en su interacción con el Estado y, por consiguiente, aportar en la recomposición de la confianza ciudadana en el sector público y contribuir a la convivencia democrática.
[1] https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-derecho-informacion