Es indudable que el principio de TRANSPARENCIA y el derecho de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tienen su base en el Principio de Probidad Administrativa, que rige el actuar de todos los Órganos de la Administración del Estado, respecto del cual se desprenden valores que son transversales a todo actuar del ser humano, estos son: la sinceridad, la franqueza, la honestidad e incluso el respeto. Se preguntarán por qué el respeto, la sinceridad, la franqueza y la honestidad como valores de este principio, esto debido a que si miráramos desde la perspectiva del ciudadano, comprenderíamos que nuestras acciones u omisiones como funcionarios, tienen impacto en el quehacer de la ciudadanía y que al faltar a los referidos valores, atentamos en contra del principio de probidad.
El principio de transparencia, se ha sentado en la sociedad como un pilar indispensable del actuar de la administración pública, respecto del cual existe un desafío permanente para las instituciones del Estado, para cumplir a cabalidad con los objetivos que nacen de este principio. Si bien, existe un marco normativo muy claro en la Ley 20.285 -que establece el derecho de acceso a la información pública-, en el propio Reglamento, y en una serie de instructivos y en la plataforma creada para esos efectos por el Consejo para la Transparencia (entidad que capacita, instruye, establece criterios en su jurisprudencia y sanciona en caso de incumplimiento), aún persiste mucha resistencia por parte de los funcionarios públicos, que son el principal eslabón en la rueda y quienes generan, precisamente, la información que solicita la ciudadanía.
Esto sucede, no necesariamente porque no comprendan el valor que genera en sí mismo la transparencia, sino que muchas veces por el desgaste que provoca entregar información que poseen, pero que desconocen cómo facilitar. En razón de lo señalado, es tremendamente importante que esta materia sea incluida en los procesos de modernización del Estado, pues, a más de diez años de implementada la Ley de Transparencia, esta no fue acompañada de un reglamento que permitiera darle ejecutividad en los equipos y que permitiera concientizar con el mismo ahínco en el corazón del Estado a los servidores públicos.
Por otra parte, se requiere en forma paralela la modernización de los archivos de cada institución, puesto que guardan vastos y añosos informes, que entre sus letras contienen tesoros de información que no siempre están visibilizados de forma eficiente y clara.
La transparencia es una normativa imprescindible en las sociedades democráticas avanzadas, de ahí que no podemos quedarnos en la inercia, puesto que hay que trabajar en el libre acceso a la información que ha sido declarada como parte del dominio público. Desde la mirada de nuestro Ministerio nos esforzamos día a día por reducir los tiempos de espera, por entregar información completa que contenga todo lo requerido en el lenguaje más claro posible.
Los ciudadanos pueden y quieren conocer las actividades de los diferentes poderes del Estado, así como también las investigaciones, los estudios que como institución financiamos y promovemos; pero también, les interesa hacer control social de gastos, donde recurrentemente recibimos solicitudes de entrega de remuneraciones de funcionarios, gastos en viáticos o viajes de proyectos emblemáticos. Por ello es que el principio de probidad y la transparencia se vuelve un mecanismo de control social importante para la sociedad civil, destacando que lo importante es darle el lugar que se merece, como una arista estratégica para la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de las instituciones y del ejercicio democrático.
Karen Lavoz M. Jefa del Departamento de Ciudadania, Ministerio del Medio Ambiente