En la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, los Comités Ambientales Comunales (CAC) no han detenido su trabajo pese al coronavirus. Aún cuando el motor principal que los mueve es el tema ambiental, sus integrantes –que han establecido una coordinación provincial-, entienden perfectamente que los problemas son socioambientales, y es por eso que también han jugado un rol para detener el avance de la pandemia en sus comunas.
“Pese al coronavirus, nuestras labores no paran. La semana pasada realizamos acciones para detener el ingreso masivo de personas que vienen desde la capital a nuestras comunas a pasar la cuarentena, ya que, la precaución es la única defensa que tenemos quienes vivimos en territorios que no están preparados para la pandemia y que no cuentan con infraestructura sanitaria suficientes para la población residente”, relata Karla Pino, Urbanista, ex integrante del CAC de Cartagena, coordinadora local del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres (CIGIDEN), y que participa de la Asociación Provincial de los CAC de San Antonio.
Los CAC son organizaciones que nacieron al alero del Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo propósito es fortalecer el involucramiento de la ciudadanía en la gestión ambiental local. En la actualidad existen 241 CAC a nivel nacional –que es el equivalente al número de municipios certificados-, y sumados sus integrantes, significa que cerca de 2000 personas se involucran en la solución de problemas y en la planificación ambiental de las comunas.
La coordinación de los CAC en la provincia de San Antonio involucra la participación de los comités de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, y es la primera experiencia en este tipo a nivel nacional. Pese a que aún no tienen un paraguas jurídico que los ampare, las problemáticas e intereses son comunes, y han estado trabajando en la protección de los campos dunares, playas y humedales que existen en el territorio, en la creación de un cuerpo jurídico para la conservación de la zona costera, y en una reglamentación que impida en crecimiento ilimitado de los proyectos inmobiliarios. Para ello cuentan con el apoyo de CIGIDEN y del Observatorio de la Costa.
“Los humedales, dunas, playas y esteros son ecosistemas muy frágiles y se ven muy perjudicados por el desarrollo inmobiliario que afecta a nuestras comunas”, afirma Karla Pino. Problemas que se ven agravados por el cambio climático, condición que obliga a actuar con mayor urgencia en la protección de estos ecosistemas costeros, pues actúan como barreras naturales.
“Queremos seguir trabajando en la protección de áreas con alto valor ambiental del litoral costero y los Comités tienen un gran rol que jugar, sobre todo en la gobernanza local”, sentencia Karla.